La Fiscalía húngara ha acusado a un hacker ético infiltrarse en la base de datos de Magyar Telekom. Supuestamente, se encuentra involucrado un crimen que interrumpió las operaciones de un «servicio público», tratando así de poner en peligro a la sociedad.

De acuerdo con los diarios locales, el hacker identificó graves vulnerabilidades en Magyar Telekom y las reportó a la empresa, motivo por el cual, ha sido arrestado y se enfrenta a una pena de prisión de ocho años

Magyar Telekom es una importante empresa de telecomunicaciones en Hungría. En 2018 el hacker informó a la compañía de una vulnerabilidad en sus sistemas y les propuso la idea de cooperar juntos para resolverla, pero esta colaboración nunca se materializó.

El hacker continuó investigando las redes de la empresa encontrando, en mayo, otra vulnerabilidad que podía ser utilizada para acceder al tráfico de datos y que podía servir para monitorizar los servidores de T-Systems.

Ese día, Magyar Telekom presentó una denuncia sobre un atacante desconocido que sondeaba su sistema, lo que desembocó en el arresto del hacker.

A partir de aquí es cuando la historia se empieza a enreversar. El primer elemento inusual de la historia es que los expedientes de acusación de la Fiscalía no están completos ya que carecen de la hora y el lugar del hecho, no está claro lo que realmente sucedió ni lo que el acusado hizo a los sistemas de la empresa.

Otro hecho inusual es que la Fiscalía ofreció al acusado un acuerdo de declaración bastante inesperado, según el cual, si se declaraba culpable, el tribunal suspendería su sentencia durante dos años y si no lo hacía, podría enfrentarse a cinco años de prisión. Tras su negativa -aquí aparece el elemento más extraño de la historia- la Fiscalía modificó los detalles de su delito, imputándole un delito de perturbación de las operaciones de una empresa de servicios públicos. Ahora se enfrenta a ocho años de prisión.

La Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU) sostiene que los hackers éticos los hackers éticos no pueden ser responsabilizados por la identificación de las vulnerabilidades porque trabajan por el bienestar de la sociedad. Sin embargo, la Fiscalía afirma que el acusado cruzó la línea y sus acciones amenazaron a la sociedad, por lo que debe enfrentarse las consecuencias penales.

El debate está servido.