Francia ha dado un paso que muchos países llevan años prometiendo pero pocos han formalizado: el gobierno ha anunciado oficialmente que sustituirá Windows por Linux en los equipos de escritorio de toda su administración pública.

El anuncio ha llegado a través de la DINUM, la Dirección Interministerial Digital de Francia, y forma parte de una estrategia más amplia de soberanía digital orientada a reducir la dependencia de tecnologías de origen no europeo. No es un rumor, no es un piloto ni una declaración de intenciones de un ministerio concreto. Es una declaración formal que afecta a toda la administración central del país.

Cada ministerio tendrá que presentar su plan antes del otoño de 2026

El comunicado oficial no se ha limitado a anunciar la migración a Linux. Ha ido más allá: ha exigido que cada ministerio, incluidos los operadores públicos, presente antes del otoño de 2026 un plan concreto que cubra sistemas de escritorio, herramientas de colaboración, antivirus, inteligencia artificial, bases de datos, virtualización y equipos de red.

Es decir, no se trata de un cambio de sistema operativo aislado. Francia ha planteado una revisión completa de su ecosistema tecnológico, con Linux como eje central.

Por ahora el gobierno no ha concretado qué distribución de Linux utilizará, una decisión que quedará en manos de cada ministerio según su propio plan de transición.

La soberanía digital, el argumento de fondo

El movimiento de Francia no ha llegado de la nada. En los últimos años Europa ha acelerado su reflexión sobre la dependencia tecnológica respecto a empresas estadounidenses, y la administración Trump ha terminado de convencer a varios gobiernos de que esa dependencia tiene riesgos reales.

Francia no parte de cero en este camino. La Gendarmería francesa ha estado usando Ubuntu desde hace años, y el propio Parlamento ha operado con sistemas Linux en algunos de sus equipos. La diferencia ahora es que el mandato ha llegado desde arriba y con carácter obligatorio para toda la administración.

El proyecto se enmarca además dentro de LaSuite, la iniciativa francesa para crear una suite ofimática soberana basada en software libre que pueda sustituir a Microsoft 365 en el sector público. Algo que ya está en marcha, aunque todavía en desarrollo.

¿Es esto tan sencillo como parece?

Honestamente, no. Una migración de este calibre en una administración del tamaño del Estado francés implica retos considerables: formación de empleados, compatibilidad con software específico de cada departamento, gestión centralizada de dispositivos y seguridad de endpoints, entre otros.

Algunos expertos ya han señalado que el plazo para presentar los planes, el otoño de 2026, es el primer paso de un proceso que llevará años. Y que el éxito dependerá en buena medida de si el próximo gobierno mantiene el rumbo o congela la iniciativa como ha ocurrido con proyectos similares en el pasado.

Lo que sí es distinto esta vez es el contexto político. La presión para reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos no va a desaparecer, y Francia ha convertido esa presión en política oficial.

Lo que viene después

Lo que Francia ha puesto sobre la mesa no es solo una decisión técnica. Es una declaración de principios sobre quién controla la infraestructura digital de un Estado. Y la respuesta que ha dado es que, a partir de ahora, esa infraestructura tiene que ser europea y auditable.

Queda por ver si el resto de países de la Unión Europea siguen el mismo camino o si Francia acaba siendo, una vez más, la excepción que confirma la regla.