La Comisión Europea ha impuesto hoy una multa de 200 millones de euros a Temu, la plataforma china de comercio electrónico, por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA).
La sanción, la más alta impuesta hasta ahora bajo la DSA, se debe a que Temu “no identificó, analizó ni evaluó los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales” en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios.
La investigación incluyó un ejercicio de compra encubierta llevado a cabo por una organización de pruebas independiente, que encontró que un alto porcentaje de cargadores comprados a través de Temu fallaron pruebas básicas de seguridad eléctrica, y que una alta proporción de juguetes para bebés representaba riesgos de nivel medio a alto.
La vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, fue directa: “Es hora de que Temu cumpla con la ley.” Y añadió que los análisis de riesgos a los que obliga la DSA “no son meros trámites burocráticos”, sino la base de la regulación europea. 
La investigación sigue abierta
La multa se circunscribe al año 2024 y está muy por debajo del máximo del 6% de la facturación anual que permite la normativa. Pero la Comisión mantiene abiertas otras dos investigaciones contra Temu: una sobre sus sistemas de recomendación de contenidos y otra sobre el acceso que da a investigadores externos para analizar sus algoritmos.  Si esos cargos se confirman, vendrán más multas.
La respuesta de Temu
Temu calificó la sanción de “desproporcionada” y anunció que evaluará “todas las opciones disponibles”, lo que incluye recurrir la decisión ante la justicia europea.  La empresa recordó que ha “colaborado de forma constructiva con la Comisión durante todo el proceso.”
Temu tiene hasta el 28 de agosto de 2026 para presentar un plan de acción que detalle cómo va a corregir sus fallos en la evaluación de riesgos. La Junta Europea de Servicios Digitales tendrá un mes para revisar el plan, tras el cual la Comisión tendrá otro mes para adoptar una decisión final. 
La multa supera la de 120 millones impuesta en 2025 a X por falta de transparencia, convirtiéndose en la mayor sanción DSA hasta la fecha