El 16 de abril de 2026, la Comisión Europea remitió a Google sus conclusiones preliminares en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA). La exigencia es concreta: Google deberá permitir que motores de búsqueda de terceros accedan a sus datos de posicionamiento, consultas, clics y visualizaciones en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

El objetivo es que buscadores como Bing, Brave Search o DuckDuckGo puedan competir de igual a igual con Google Search, Según la Comisión Europea, la consulta pública sobre estas medidas está abierta hasta el 1 de mayo y la decisión final vinculante se espera antes del 27 de julio de 2026.

La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera ha sido directa: «Los datos son un elemento fundamental para las búsquedas en línea y para el desarrollo de nuevos servicios y de la IA. El acceso a estos datos no debe restringirse de manera que pueda perjudicar a la competencia. No permitiremos prácticas que puedan cerrar mercados o limitar las posibilidades de elección».

Qué datos están en juego

La propuesta afecta a datos agregados y anonimizados: consultas de búsqueda, posiciones en el ranking de resultados, métricas de clics y visualizaciones, y datos procedentes de chatbots con funcionalidades de búsqueda conversacional. Según los documentos oficiales de la Comisión, no se plantea en ningún momento el acceso a historiales individuales ni la creación de bases de datos centralizadas con búsquedas personales. Los datos irían a terceros elegibles, bajo condiciones técnicas, contractuales y de seguridad definidas por Bruselas.

Google lo llama una «extralimitación»

La respuesta de Google no se ha hecho esperar. La compañía ha calificado la medida de «extralimitación» que supera «con creces el mandato original de la DMA» y ha anunciado que seguirá defendiéndose en el procedimiento. Su argumento central apela a la privacidad: compartir datos de búsqueda con terceros, aunque sea de forma anonimizada, implicaría transferir a sistemas con protecciones «peligrosamente ineficaces» información sobre las consultas más sensibles de cientos de millones de europeos, incluyendo salud, finanzas y situaciones personales delicadas.

No es un argumento que pueda descartarse sin más. La Comisión ya ha recorrido este camino con Apple y Meta, ambas declaradas incumplidoras de la DMA en 2025 y multadas con 500 y 200 millones de euros respectivamente. Google conoce ese precedente y sabe que la retórica de la privacidad no ha funcionado como escudo definitivo en ninguno de esos casos.

Lo que la Comisión no pide, pero no debe ignorarse

La medida de la DMA no obliga a Google a compartir datos con autoridades ni con gobiernos. La Comisión actúa aquí como regulador de competencia, no como receptora de información personal. Pero hay una pregunta que el debate público está esquivando: ¿qué ocurre con esos datos una vez que salen de Google hacia terceros?

Los datos de búsqueda «anonimizados» son realmente difíciles de anonimizar de verdad. Durante años se ha ido demostrando que conjuntos de datos anonimizados pueden reidentificarse con relativa facilidad cuando se cruzan con otros datos. Cuantas más empresas tengan acceso a ese flujo, mayor es la superficie expuesta ante brechas de seguridad, peticiones de autoridades nacionales vía requerimiento judicial, o litigios civiles que fuercen la entrega de registros. Una vez que los datos están en manos de un tercero establecido en cualquier Estado miembro, cada sistema legal nacional puede requerírselos por sus propias vías. La DMA establece las condiciones de acceso; no puede controlar lo que pasa después.

Eso no significa que la medida sea incorrecta. Significa que el debate sobre sus implicaciones de privacidad está siendo demasiado superficial, tanto por parte de quienes la apoyan como por quienes la critican.

Lo que cambia a partir de ahora

Si la decisión se confirma en julio, por primera vez motores de búsqueda alternativos tendrán acceso a los mismos datos de comportamiento de usuario que han permitido a Google afinar su algoritmo durante décadas.

Es precisamente esa ventaja acumulada la que ha hecho casi imposible para cualquier competidor alcanzar la calidad de resultados de Google Search. La DMA no promete que eso cambie de un día para otro, pero sí elimina una barrera estructural que hasta ahora no tenía solución regulatoria. Lo que todavía está por ver es si esa apertura beneficia a los usuarios o simplemente multiplica el número de actores que tienen acceso a información sobre cómo buscamos.