Connecticut ha aprobado este miércoles su proyecto de ley de protección de datos, por lo que se convierte en quinto estado de los Estados Unidos, tras California, Virginia, Colorado y Utah en disponer de una regulación sobre este aspecto para sus ciudadanos.
La Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring (Ley sobre la privacidad de los datos personales y la vigilancia en línea) se ha convertido en ley sin que el gobernador del estado haya firmado la propuesta de ley ya que en Connecticut hay una regla que establece que los proyectos de ley aprobados se convierten en ley automáticamente cinco días después de su aprobación durante una sesión legislativa.
El proyecto de ley de Connecticut, que entraría en vigor el 1 de julio de 2023, guarda ciertos parecidos con el resto de leyes de protección de datos americanas en las que se permite a los residentes de estos estados optar por negarse a que vendan sus datos, a ser víctimas de la publicidad dirigida y al la elaboración de perfiles según sus intereses. Además, en una segunda fase, para 2025, la ley exigirá a las empresas que tengan en cuenta las señales de exclusión voluntaria de la publicidad y las ventas dirigidas.
Los sitios web y las empresas tienen ahora que obtener el consentimiento para procesar datos sensibles de sus clientes y visitantes, y tienen que ofrecer a los residentes de Connecticut formas de revocar ese consentimiento. Las organizaciones dispondrán de un máximo de 15 días para dejar de procesar los datos cuando el consentimiento sea revocado.
Se necesita el consentimiento de los padres para que cualquier sitio web recoja datos personales de niños menores de 13 años, pero se prohíbe a las empresas recoger datos personales y utilizar publicidad dirigida a niños de entre 13 y 16 años.
El proyecto de ley obliga a las empresas a respetar las señales de privacidad de los navegadores, como el Control Global de Privacidad (un método que permite a los usuarios optar por que sus datos personales no sean vendidos por los sitios web que visitan), para que los consumidores puedan optar por no vender datos en todas las empresas de una forma sencilla.
Fundador y director de DerechodelaRed.
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